El Gobierno ha decidido suspender durante seis meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica, un tributo que aunque se aplica a las eléctricas repercute directamente en el recibo final que paga el consumidor. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dentro del paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros y que tiene como fin bajar el recibo de la luz. El polémico impuesto al sol, por su parte, se suprimirá de manera inmediata (mañana está previsto que se publique en el BOE y entraría en funcionamiento a partir del domingo).
El Ejecutivo también ha activado la exención en el impuesto de hidrocarburos para desactivar el conocido como "céntimo verde". Este gravamen fue pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, pero ha provocado el efecto de encarecer los precios de la electricidad en el mercado mayorista cuando tecnologías como el gas fijan los precios.
Con ambas medidas, de carácter temporal, el Ministerio de Ribera calcula una rebaja de entre el 2,5% y el 4% en el recibo doméstico y de entre el 5% y el 5,5% de la factura industrial. De cara al futuro, del departamento irá trabajando en medidas estructurales para reformar el funcionamiento del mercado y revisar la fiscalidad sobre la energía.
Los consumidores más vulnerables
Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha decidido ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Ribera destacó que el objetivo de esta nueva norma es ofrecer cobertura a los consumidores vulnerables durante los próximos meses de invierno "mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética".
El real decreto-ley de Medidas Urgentes hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III.
Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono social eléctrico que aprobó hace casi un año el anterior Gobierno.
Asimismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre.
Familias biparentales
Así, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.
La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. Así, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación.
En su elaboración se contará con las comunidades autónomas y entidades locales, las asociaciones de consumidores, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.
